Situación actual de la AEE – parte 2

Actualmente, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se encuentra en un proceso de transición regido por un plan fiscal al largo plazo y aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF) del cual habrá poca variabilidad en los próximos años. Como corporación pública, la AEE ha incurrido en una estructura de deuda insustentable ya que la caída en demanda por sus servicios, la fuga de capital humano y una menor cantidad de empresas con actividades en la isla a partir de la recesión económica del 2008 continuamente disminuyen sus fuentes de ingresos.

Como empresa que no cuenta con acceso a liquidez, para el 2014 la AEE se encontraba sobregirada en deudas, tanto así que les llaman deudas “legado” dentro del plan fiscal certificado. Para el 3 de mayo de 2017 la deuda era de $9.25 billones de dólares con obligaciones al servicio de la deuda de más de $4.5B de dólares para los próximos cinco años. En la siguiente gráfica tipo área se presenta la magnitud de la deuda de la autoridad, la cual rondaba por los $7.6 billones de dólares en el 2010, sobrepasando los $9.0B en el 2012 y manteniéndose cerca de ésta última cifra desde entonces.

Balance de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) del 2010 al 2016

Cuando se trata de los costos reales del financiamiento de la deuda al largo plazo de un 5.0% por ciento de interés por 25 años de término, los mismos se aproximan a $657 millones de dólares al año en intereses solamente. Por otro lado, la AEE operacionalmente estima que le sirve a 1.5 millones de clientes, cuenta con 6,227 empleados, y generó ingresos de $3.4B de dólares, con activos de $9.4B y pasivos de $11.4B de dólares para el 2017. Evidentemente, el desbalance operacional se debe en gran parte al costo del combustible (i.e. 39.0%) y de energía comprada (i.e. 23.0%), los cuales ascendieron dramáticamente durante las últimas dos décadas y representan un 62.0% por ciento de los gastos operacionales de la entidad.

Claro, las consecuencias que trajeron consigo el huracán María causaron un deterioro de la economía, las consistentes reducciones en niveles poblacionales y las emergentes tecnologías disruptivas, han afectado considerablemente la demanda por los servicios eléctricos. En directa correlación con el Producto Nacional Bruto (GNP, por sus siglas en inglés) de la isla, los niveles de demanda de la clientela residencial se redujeron un 13.0% por ciento desde su pico en el 2005, la comercial perdió un 10.0% desde su alza en el 2007, mientras que la categoría industrial perdió un 48.0% de su demanda desde su punto más alto reciente en el año 2006.

Todos los puertorriqueños conocen acerca del alto costo energético que tiene la isla, pero pocos sabemos cual es la diferencia real entre Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos (EE.UU.). No fue hasta junio del 2014 que la Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) comenzó a incluir a los territorios en sus análisis energéticos, a continuación, una gráfica que compara los costos promedios de los EE.UU. con los de Puerto Rico desde el 2014 al 2018:

La data, la cual alcanza a incluir las cifras hasta agosto del 2018, refleja una gran discrepancia en el comportamiento del costo en centavos por kilowatt-hora (¢/kWh), saliendo a relucir la falta de competitividad con la que cuenta Puerto Rico en cuestión de precios. Mientras en los EE.UU. los precios del costo de energía en los 50 Estados va disminuyendo levemente en los aspectos industriales y comerciales, siendo el costo residencial el más alto, ninguno de sus precios son comparables con las tarifas del doble y hasta el triple (i.e. en el caso de la categoría industrial) con las que se vive en Puerto Rico.

¿Cómo son posibles estas grandes diferencias en los precios industriales, comerciales y residenciales?

Según la EIA, la intensidad energética a nivel per cápita o individual del puertorriqueño es más que de una-tercera parte o el 33.33% de lo consumido en energía dentro del hogar tradicional en los EE.UU., ya que no se requiere de un sistema de calefacción como en muchos de los estados, sobre todo en aquellos del noreste. La realidad es que nuestra localización geográfica y equipos ineficientes que aumentan el costo de los combustibles necesarios para generar energía, en combinación con la pobre administración han cavado la tumba de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La politización de un monopolio en un servicio de utilidad siempre carecerá de competitividad debido a que no se enfrenta al dinamismo de un mercado abierto continuamente, no hay incentivo por innovar ni por adoptar tecnologías que han demostrado ser superiores y más costo efectivas. Precisamente en el plan certificado se exponen muchas de las situaciones operacionales de la AEE, pero no es lo suficientemente ambicioso como para reducir las tarifas energéticas en la isla.

Por ejemplo, en la siguiente gráfica se presentan las fuentes de energía de la corporación pública, siendo un 96.0% de su poder generatriz producido por fuentes no renovables en el 2018, las cuales tienden a tener un costo volátil y superior al de las fuentes renovables.

Por otro lado, si observamos los cambios que se proponen para el año 2026, aún un 81.0% de la energía se estará produciendo con fuentes fósiles, pero aumentando las participaciones del gas natural y del carbón, disminuyendo la aportación del petróleo a un 2.0%.

Sí se propone un aumento en la participación de las fuentes renovables, al éstas aumentar de un 3.0% en la actualidad a un 18.0% para el 2026, aunque un aumento de un 15.0% en 8 años no será suficiente para lograr un cambio estructural en el marco regulatorio y energético que redundará en una reducción de los precios energéticos que pagamos.

De acuerdo al plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal (JSF) la mencionada agencia pública debe lograr una transformación comprensiva del sector energético en donde logre:

  1. Proveer poder energético de manera limpia, resistente y a un bajo costo.
  • Reconstruir y mantener una red moderna y resiliente.
  • Implementar eficiencias operacionales que le permitan reducir costos y mejorar sus servicios.
  • Establecer una entidad fiscal mente responsable.
  • Brindar servicio de electricidad a menos de 0.20¢ centavos el kilowatt por hora (¢/kWh).

La transformación propuesta se hará por medio de una inversión de capital de $12.0 billones de dólares en los próximos cinco años, combinando las tarifas, inversión privada y asignaciones federales para lograrlo. Sin embargo, es a partir de julio del 2020 que iniciará el proceso de licitar proveedores renovables para alcanzar 550 mega-watts (MW) de generación para el 2021, construyendo almacenamiento en la forma de baterías con una capacidad de 300MW o de 1,200 mega-watts por hora (MWh) para el 2023.

En la próxima edición se discutirá en mayor detalle las iniciativas renovables propuestas, al igual que otras alternativas que podrían hacer de Puerto Rico un país más resiliente energéticamente.

Durante los procesos de negociación y del evidente desmantelamiento del andamiaje político y económico que es la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se debe estar consciente en todo momento de prevenir la creación de un oligopolio de un monopolio público.

El historial de la agencia pública ha demostrado que una empresa que no se expone a un mercado abierto, altamente competitivo y dinámico, no tan sólo desincentiva la innovación, sino que también sostiene precios artificialmente inflados que afectan al consumidor.